El Índice para la Reforma de la Profesión Jurídica (“LPRI”, por sus siglas en inglés), preparado por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la American Bar Association (ABA ROLI), examina un conjunto de factores que se consideran cruciales para el fortalecimiento de la abogacía. El LPRI tiene el propósito de auxiliar a la ABA ROLI, a sus socios, y a cualquiera persona o institución pública o privada que se encuentre interesada en el tema, en el diseño de programas de mejora técnica y ética en el ejercicio de la profesión jurídica, tendientes a la consolidación de un sistema que sea independiente, efectivo y que facilite la rendición de cuentas de dicha profesión en el país.

 

El LPRI 2011 para México confronta el estado actual de la abogacía en México con un conjunto de 24 declaraciones de principio (o factores) que reflejan algunas de las características fundamentales de la calidad en el ejercicio de la profesión jurídica, y que se consideran ser representativas de las mejores prácticas a nivel internacional. En efecto, estos factores se derivan de estándares internacionalmente reconocidos y avalados por la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y otras entidades intergubernamentales, gremiales y de la sociedad civil, de naturaleza regional o nacional.

 

El LPRI se refiere a una amplia gama de cuestiones, incluyendo la libertad y garantías básicas para el ejercicio independiente de la profesión; la formación inicial y los requisitos de admisión para el ejercicio de la profesión; la educación jurídica continua; las condiciones y estándares en la práctica ordinaria del Derecho; la rendición de cuentas, supervisión ética y desempeño responsable del abogado; la disponibilidad de servicios jurídicos; y las asociaciones profesionales de abogados.

 

Para recabar la información empírica necesaria, la ABA ROLI entrevistó a abogados postulantes, jueces de todos los niveles, defensores públicos, agentes del Ministerio Público, académicos, alumnos, legisladores, periodistas, autoridades federales y estatales regulatorias de la profesión, y representantes de organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales, a quienes se les pidió expresar su opinión sobre la realidad imperante en el país frente a los 24 factores incluidos en el diagnóstico. La muestra seleccionada buscó garantizar el equilibrio entre los diversos sectores e instituciones involucradas en el universo de la abogacía.

 

Una vez realizadas las entrevistas, la ABA ROLI se dio a la tarea de estudiar a profundidad el marco normativo de la profesión jurídica en México.

 

El resultado de ambos ejercicios (la investigación empírica –análisis de facto– y el análisis normativo –análisis de iure–), es la base utilizada por el LPRI para otorgar una correlación descriptiva de la manera en que México se corresponde con cada tema analizado en el diagnóstico.

 

No obstante, el LPRI no utiliza mecanismo de medición numérica o de “puntaje” alguno, sino que realiza evaluaciones cualitativas respecto de cada declaración de principios (o factor). A cada una de ellas, le es asignado uno de tres valores o correlaciones: positivo, neutro o negativo. Tales valores únicamente reflejan la relación de cada factor con la manera en que se ejerce el Derecho en un país determinado, en este caso México. Cuando la declaración se corresponde poderosamente con la realidad del país, a éste se le asigna una calificación “positiva” respecto de dicha declaración. Sin embargo, si ese factor o declaración no es en manera alguna representativo de sus condiciones, se le asigna el valor “negativo”. Finalmente, si las condiciones dentro del país en cuestión se corresponden con el factor de que se trata sólo hasta cierto punto, se le registra como “neutro.”

 

La ABA ROLI confía en que el LPRI México 2011 se consolide como un instrumento que contribuya a nutrir, con contenidos sólidos y verificables, el diálogo nacional sobre el fortalecimiento de la manera en que se ejerce el Derecho en nuestro país.