El Índice para la Reforma de la Educación Jurídica (“LERI”, por sus siglas en inglés), preparado por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la American Bar Association (ABA ROLI), examina un conjunto de factores que se consideran cruciales para el desarrollo de instituciones de educación jurídica de calidad, aptas para proporcionar a sus estudiantes los conocimientos y destrezas necesarios para convertirse en abogados eficaces. El LERI tiene el propósito de auxiliar a la ABA ROLI, a sus socios y a cualquiera persona o institución pública o privada que se encuentre interesada en el tema, en el diseño de programas de reforma a la educación jurídica que sean más efectivos, así como en el monitoreo del progreso tendiente a la consolidación de un sistema de educación jurídica de calidad en México.

 

El LERI 2011 para México confronta el estado actual del sistema de la educación jurídica en México con un conjunto de 22 declaraciones de principio (o factores) que reflejan algunas de las características fundamentales de la calidad en la educación jurídica, y que se consideran ser representativas de las mejores prácticas a nivel internacional. En efecto, estos factores se derivan de estándares internacionalmente reconocidos y avalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Red Internacional de Agencias de Garantía de Calidad en Educación Superior, el Consocio Europeo de Acreditación, la Asociación de Facultades de Derecho en Europa, y otras entidades regionales y nacionales.

 

El LERI se refiere a una amplia gama de cuestiones, incluyendo licenciamiento, acreditación y evaluación de las instituciones de educación jurídica; políticas y requisitos de admisión para los alumnos; contenidos académicos y metodologías de enseñanza; evaluación, concesión de grados académicos y reconocimiento de competencias de los estudiantes; condiciones laborales y cualificaciones de los profesores; e infraestructura y capacidades de las escuelas o facultades de Derecho.

 

Para recabar la información empírica necesaria, la ABA ROLI entrevistó a profesores, administradores de escuelas o facultades de Derecho, estudiantes, abogados litigantes, funcionarios públicos, periodistas, legisladores, autoridades federales y estatales regulatorias de la educación, y representantes de organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales, a quienes se les pidió expresar su opinión sobre la realidad imperante en el país frente a los 22 factores incluidos en el diagnóstico. La muestra seleccionada buscó garantizar el equilibrio entre los diversos sectores e instituciones involucradas en la educación jurídica.

 

Una vez realizadas las entrevistas, la ABA ROLI se dio a la tarea de estudiar a profundidad el marco normativo de la educación jurídica en México.

 

El resultado de ambos ejercicios (la investigación empírica –análisis de facto– y el análisis normativo –análisis de iure–), es la base utilizada por el LERI para otorgar una correlación descriptiva de la manera en que México se corresponde con cada tema analizado en el diagnóstico.

 

No obstante, el LERI no utiliza mecanismo de medición numérica o de “puntaje” alguno, sino que realiza evaluaciones cualitativas respecto de cada declaración de principios (o factor). A cada una de ellas, le es asignado uno de tres valores o correlaciones: positivo, neutro o negativo. Tales valores únicamente reflejan la relación de cada factor con el sistema de educación jurídica de un país determinado, en este caso México. Cuando la declaración se corresponde poderosamente con la realidad del país, a éste se le asigna una calificación “positiva” respecto de dicha declaración. Sin embargo, si ese factor o declaración no es en manera alguna representativo de sus condiciones, se le asigna el valor “negativo”. Finalmente, si las condiciones dentro del país en cuestión se corresponden con el factor de que se trata sólo hasta cierto punto, se le registra como “neutro”.

 

La ABA ROLI confía en que el LERI México 2011 se consolide como un instrumento que contribuya a nutrir, con contenidos sólidos y verificables, el diálogo nacional sobre el fortalecimiento de la enseñanza/aprendizaje del Derecho en nuestro país.